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| Alcalde de La Barca, Eduardo Espinoza Salzar. |
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación al
presidente municipal de La Barca, Eduardo Espinoza Salazar, por violación de
los derechos a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la
legalidad y seguridad jurídica, por la muerte de un hombre tras haber sido
detenido y recluido en los separos municipales.
De
acuerdo con la queja presentada el pasado 17 de abril del 2013,
tras detener al hombre, los policías municipales Guillermo Zaragoza Saldaña y Guadalupe Sánchez Carrillo advirtieron
que se encontraba en estado de ebriedad, hecho que fue confirmado por el médico
Sergio Armando Encinas Lares, y pese
a la advertencia lo recluyeron en una
celda en donde también había sujetos con procesos penales. Posteriormente se
involucró en una riña y fue trasladado al Hospital Regional de la localidad,
donde finalmente falleció. Habla el ombudsman de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián.
“La
Comisión concluye que los policías Guillermo Zaragoza
Saldaña y Guadalupe Sánchez Carrillo, adscritos
a la Dirección de Seguridad Pública de
La Barca, así como el médico municipal Sergio
Armando Encinas Lares,
quebrantaron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y a la
protección de la salud del agraviado, y en consecuencia, incumplieron su obligación al
no actuar con la máxima diligencia y profesionalismo en el desempeño de su
encargo”.
Entre las recomendaciones que la Comisión emitió están:
iniciar, terminar y concluir el procedimiento
administrativo en contra de los policías y el médico municipal involucrado, reparar los daños conforme a la Ley General de Víctimas, que el DIF municipal atienda psicológicamente
a los familiares de la víctima, y elaborar un protocolo de atención
a personas en estado de inconsciencia o semiinconsciencia provocada por
químicos con el objetivo de evitar que algún riesgo. Además Álvarez
Cibrián recomendó hacer modificaciones a la infraestructura de los
separos del municipio.
Insert.- “Realice
las remodelaciones necesarias al inmueble en el cual se encuentra el área de
separos a efecto de que no existan barreras físicas que impidan la vigilancia
permanente de los detenidos. Segunda. Ordene la instalación de un equipo de
cámaras de video que permita observar y proteger la integridad física de los
detenidos en los separos municipales”.
El ombudsman jalisciense solicitó además que el
fiscal regional del Estado, Salvador
González de los Santos instruya al agente del Ministerio Público
investigador de La Barca con el
objetivo de que agote todas las líneas de investigación para resolver el caso.
Erika Toribio
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