miércoles, 18 de junio de 2014

Proceso de juicio político contra Godínez deberá pasar por el pleno del Congreso

Imagen de archivo. 
Diputados de la comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco, informaron que  el proceso de juicio político en contra del ex alcalde interino de Ocotlán, Juan Carlos Godínez, así como de los regidores de la administración pasada, tendrá que ser aprobada  por el pleno del Congreso en la próxima sesión ordinaria.

El diputado presidente de la Comisión, Juan Carlos Márquez Rosas, indicó que para llegar al juicio, los involucrados tendrán que mostrar pruebas para acusar o defenderse de la demanda que fue interpuesta por un ciudadano Ocotlense.

“Ahorita es una presunción, porque aún es presunción por parte del denunciante, nosotros nos estamos basando en los términos el escrito inicial de Juicio político, consideramos que dichos elementos son suficientes para que nosotros entremos en el estudio, puede existir responsabilidad, que debe comprobar el  denunciante y los denunciados tiene que presentar elementos con efectos de desvirtuar lo que se está señalando”.

Si el pleno del Congreso aprueba el inicio de procedimiento de juicio los involucrados serán notificados para presentar sus pruebas.

Por su parte el diputado, vocal de la misma Comisión, Salvador Zamora Zamora, indicó que la demanda fue realizada por Jorge Luis Ortega Reynoso, como ciudadano.

Actualmente, Ortega Reynoso, es el contralor del municipio de Ocotlán. En la Administración pasada fungió como tesorero interino, después de la destitución del Ex tesorero municipal, Enrique Robledo Sahagún,  y fue destituido por los regidores de la administración pasada en sesión de cabildo.

“Quien demanda es una persona física, un solo ciudadano, quien es Jorge Luis Ortega Reynoso, y el demanda que el pleno del ayuntamiento aparentemente se  extralimita en sus funciones, él así lo manifiesta y nosotros como comisión creímos que sí existen elementos, para que se le pueda iniciar un juicio político a éste ex alcalde”.

La inhabilitación por seis años a un cargo público podría ser el castigo emitido por el  Congreso, en caso de que la ex administración, resulte culpable, una vez que el juicio político se apruebe y se desarrolle.

Jessica Padilla


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