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| Señalan irregularidades durante el proceso de detención de los comuneros. Con imágenes de CEPAD. |
El
coordinador y asesor de la CEPAD,
Salvador López Torres, aclaró, la absolución de las nueve indígenas sucede
en la lucha que lleva la comunidad coca en contra del
empresario Guillermo Moreno Ibarra,
quien invade el territorio de los terrenos comunales de la etnia desde 1999.
“Esto inicia por la invasión que realizó Guillermo Moreno Ibarra,
al terreno de los bienes comunales dentro de la comunidad indígena de Mezcala
en el cerro el Pandillo. Por medio de unas estrategias se hizo de un
terreno, que supuestamente, él lo había comprado a una persona. Fue preparando
el cómo tener el terreno en la zona, pero son propiedades de la comunidad
indígena de esa zona”.
En 2011 Moreno Ibarra interpuso una demanda
contra la comunidad coca por el delito de robo ante la Agente del Ministerio Público, adscrita a Poncitlán, en donde se denunciaba el desmantelamiento de una torre
para bombear agua en los terrenos que Ibarra se había apropiado, ya que los
comuneros de Mezcala decidieron
retirarla por invadir el territorio de su comunidad indígena.
López Torres señaló una serie de irregularidades durante la detención; afirmó que
por ejemplo, la comunera Rocío Moreno fue
aprendida por medio de engaños en el que existió complicidad de las autoridades
de ministeriales de Ocotlán y Poncitlán, quienes se hicieron pasar por
reporteros del Diario Milenio, para aprehenderla.
“Llega ella (Rocío Moreno) a la cita, pensando que era para
contactar una entrevista, se hicieron pasar por reporteros de ese diario (Milenio),
cuando ella llega es detenida y no le dicen de que se trata pero se la llevan
en una camioneta; en dicho trayecto le dicen que es una orden de aprensión.
Ella es sorprendida porque nunca se le dijo de la averiguación”.
El 27 de
mayo de 2015, el Juez Penal del Sexto
Partido Judicial con sede en Ocotlán, sentenció a nueve comuneros por el
desmantelamiento de las propiedades de Moreno Ibarra en los procesos se
detectaron irregularidades.
La CEPAD señaló que existieron
irregularidades en la seguridad jurídica y personal de los acusados, en la
privación ilegal de la libertad en contra de Rocío Moreno, miembro de la comunidad; en la no
aplicación del protocolo para los casos donde se involucren personas, comunidades
y pueblos indígenas y el no respetar los convenios internacionales en materia
de derechos indígenas a los que México
pertenece.
Humberto González
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