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La presidenta del sistema DIF de Ocotlán, Bertha Isela Godínez Díaz, cobra un salario de 19 mil pesos mensuales mediante una plaza de trabajador en el gobierno de Ocotlán, aunque el puesto de decana del DIF es honorario y dicha circunstancia provoca un conflicto de interés con su participación en la dependencia de Administración y Recursos Humanos.
Por su parte, el presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández, comentó que su pareja tiene más de 10 años trabajando en el gobierno municipal y que la Ley de Responsabilidades del Estado le permite guardar sus derechos laborales. Por lo que señala que no existe un conflicto.
“ Ella desde hace tiempo forma parte del gobierno municipal y son las garantías de ley la que le avalan lo que es su empleo, lo que puedo comentar es que la ley señala que un servidor público previa su anuncia conserva sus derechos laborales cuando cambia de área de trabajo”.
Según el registro de nóminas del gobierno de Ocotlán, Godínez Díaz en la administración de Absalón García Ochoa laboraba en el área de la Oficialía Mayor como parte del personal administrativo y en el gobierno de Enrique Robledo Sahagún fungió como regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Godínez Díaz, de acuerdo con las nóminas publicadas por el Ayuntamiento de Ocotlán, ganaba un salario de aproximado de ocho mil 183 pesos a la quincena en el actual gobierno de municipal como titular de la jefatura de Capacitación. Sin embargo en las listas publicadas en 2017 se muestra que su área y cargo se fusionaron con la dirección de Administración y Recursos Humanos, ahora gana nueve mil 659 pesos quincenales.
El profesor del Centro Universitario del Centro Universitario de Ciencias sociales y Humanidades (CUSH) e integrante del departamento de Derecho Público, Rubén Flores Medina, indicó que existe un acto de nepotismo, porque la primera dama participa como empleada del Ayuntamiento de Ocotlán, pero si ella trabajaba anteriormente en el gobierno municipal antes de la llegada de su pareja sentimental no está obligada a renunciar a sus derechos laborales obtenidos anteriormente, aunque exista polémica.
“Es una responsabilidad con la que se puede generar daño, pero son cuestiones parajurídicas, no jurídicas, no tiene ella razón para renunciar, porque si ella ya trabajaba en el ayuntamiento, antes de que su marido fuera presidente municipal, ella no tiene porque renunciar”.
Fue hasta la primera quincena de diciembre de 2015 cuando la presidenta del DIF ocotlense inició a percibir un salario como titular del Área de Capacitación del ayuntamiento. Siendo que su nombramiento es honorario y al tener un vínculo familiar con el alcalde no puede integrar la nómina del ayuntamiento o intervenir directamente con asuntos del gobierno municipal, según el párrafo XV, del Art 61 de la Ley de Responsabilidades del Estado de Jalisco.
Humberto González.
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